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Legislación general Cuadro Técnico ADIF OEP 2025: Examen Resuelto Pregunta a Pregunta
Legislación general Cuadro Técnico ADIF: examen OEP 2025 resuelto pregunta a pregunta
Desglosamos el test real de la OEP 2025. Descubre la explicación jurídica profesional, las trampas del tribunal y aprende a pensar como un preparador experto.
Enfrentarse a la parte de legislación general de Cuadro Técnico ADIF requiere mucho más que memorizar normativas en bruto. Exige comprender cómo el tribunal retuerce los artículos, qué palabras clave convierten una opción en incorrecta y por qué dominar la “literalidad funcional” es la única vía hacia el aprobado.
El enfoque del preparador jurídico
En JC Oposiciones Ferroviarias no nos conformamos con darte una simple plantilla de letras correctas. En este artículo, vamos a resolver pregunta a pregunta el bloque general de la OEP 2025. Analizaremos el núcleo legal de la respuesta válida y, lo más importante, destriparemos cada distractor para que entiendas por qué no son correctas las demás opciones.
Qué vas a encontrar en este análisis
A continuación encontrarás el volcado exacto de las preguntas 37 a la 54 del examen de Cuadro Técnico ADIF de la OEP 2025. Para cada una de ellas, hemos estructurado una ficha de alto rendimiento que incluye el enunciado original, las cuatro alternativas, la confirmación de la respuesta validada por plantilla, nuestra justificación jurídica y un análisis crítico de los errores introducidos en las demás alternativas.
Cómo está diseñado este examen
Como ya desglosamos en nuestro análisis estratégico general, este bloque destacó por incluir exactamente una pregunta por cada uno de los 15 temas que componen la parte de conocimiento general. La técnica de evaluación priorizó competencias (quién hace qué), plazos concretos, definiciones estrictas y excepciones marcadas por la ley. No hay lugar para la ambigüedad.
Contexto útil para interpretar este examen
Si quieres completar este artículo con una visión más amplia, te conviene revisar también estos análisis de JC. Ojo: el temario de Personal Operativo no es el mismo que el de Cuadro Técnico, pero sí comparten patrones de redacción, trampas habituales y criterio de corrección del tribunal.
Análisis de legislación ADIF OEP 2025 para Personal Operativo Análisis de legislación común ADIF de la OEP 2024Bloque de Preguntas Oficiales (37-51)
Según la Declaración sobre la Red 2026 de Adif, en las infraestructuras ferroviarias consideradas transfronterizas, reglamentariamente se podrán establecer, con objeto de facilitar el tráfico ferroviario transfronterizo, excepciones a la normativa aplicable al resto de la RFIG sobre:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Declaración sobre la Red 2026 de AdifLa normativa sectorial e infraestructural establece un marco estricto pero funcional para las secciones fronterizas. En concreto, la opción c) recoge de manera exhaustiva y literal los cuatro ámbitos sobre los que cabe aplicar excepciones: personal ferroviario, material rodante, circulación ferroviaria y certificados de seguridad.
El detalle crítico que hace correcta esta opción es la limitación geográfica de estas excepciones: solo aplican en la sección fronteriza y para circulaciones con origen o destino en la estación de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) que delimita dicha sección.
Por qué no son correctas las demás
- a) Es rotundamente falsa porque la propia normativa sí prevé la figura de la excepción reglamentaria para facilitar la operatividad transfronteriza.
- b) El adverbio “Únicamente” invalida la opción. La exención lingüística es un tema recurrente, pero limitar las excepciones exclusivamente a esta cuestión contraviene los preceptos técnicos del material rodante y personal.
- d) El error radica en la extensión territorial. La opción sugiere que las excepciones aplicarían “en toda la RFIG a la empresa ferroviaria extranjera”. Las excepciones transfronterizas operan exclusivamente en los tramos fronterizos acotados, no se extienden como salvoconducto por toda la red nacional.
Según la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, respecto al procedimiento de la rectificación registral de la mención relativa al sexo, la persona encargada del Registro Civil deberá:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley 4/2023, de 28 de febreroEn los procedimientos de jurisdicción voluntaria o registrales que afectan al estado civil, el deber de información es fundamental. La Ley 4/2023 instaura un procedimiento garantista en el que la opción c) describe una obligación preceptiva: el encargado del Registro Civil está obligado a informar al solicitante, desde su comparecencia inicial, sobre todas las consecuencias jurídicas del acto de rectificación de la mención registral relativa al sexo.
Por qué no son correctas las demás
- a) y b) Juegan engañosamente con los plazos legales del procedimiento. Las ratificaciones y dictados de resolución tienen marcos temporales tasados en la Ley (hasta tres meses en algunos tramos), por lo que constreñir ambos actos a un plazo máximo de un mes falsea el procedimiento legal.
- d) Mezcla conceptos jurídicos. Aunque el interés superior del menor es un principio rector de nuestro ordenamiento, la franja “menores de 18 y mayores de 16” tiene un tratamiento específico de autonomía en esta ley, operando por sí mismos, y la formulación distorsiona la casuística de tramos de edad que la Ley 4/2023 regula tan meticulosamente.
¿Cuáles de los siguientes contratos quedan sometidos a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley 9/2017 (LCSP), Artículos 2 y 3Esta pregunta incide en el ámbito de aplicación objetivo de la norma clave en contratación pública. El artículo 2 de la LCSP determina que son contratos del sector público, a efectos de esta Ley, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrados por entes del sector público (enumerados en el art. 3). La opción a) plasma esta definición perfectamente y añade la aclaración doctrinal de “oneroso”: aquel que conlleva un beneficio económico, directo o indirecto, para el contratista.
Por qué no son correctas las demás
- b) y c) Introducen la conjunción “salvo que”, excluyendo precisamente los contratos donde hay beneficio económico. Si se excluye el beneficio, el contrato no es oneroso, desvirtuando por completo la esencia de la contratación pública regulada en la LCSP.
- d) Limita la aplicación “exclusivamente” a contratos administrativos. Esto es falso, ya que la LCSP rige tanto para contratos administrativos como para contratos privados de la Administración (sujetos a un régimen dual). Además, define erróneamente “oneroso” como equivalente a “sujeto a regulación armonizada” (SARA), cuando el SARA depende de umbrales económicos, no de la mera existencia de onerosidad.
Según el artículo 19 de la Ley 31/1995, ¿cuándo debe repetirse la formación en prevención de riesgos laborales?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley 31/1995 de PRL, artículo 19El artículo 19 de la Ley de PRL aborda la formación de los trabajadores. El principio fundamental es que la formación debe estar centrada específicamente en el puesto de trabajo. Por ello, la opción b) es la correcta: la formación no es un evento único, sino dinámico, y debe repetirse o actualizarse obligatoriamente cuando varían las circunstancias de exposición al riesgo (cambios funcionales, de maquinaria o de tecnología).
Por qué no son correctas las demás
- a) La ley no establece una caducidad genérica o revisión sistemática “cada seis meses” a nivel transversal. Funciona por factores desencadenantes.
- c) Incluye el adverbio excluyente “Sólo”, dejando la responsabilidad de la seguridad a merced del trabajador, cuando el deber in vigilando e in eligendo de seguridad es empresarial.
- d) Un cambio de dirección (órgano de gobierno) no afecta per se a los riesgos del puesto de trabajo del operario u oficinista.
Señale la opción INCORRECTA: Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley Orgánica 3/2007, artículo 14Al tratarse de una pregunta formulada en INCORRECTA, debemos buscar la afirmación que choque frontalmente con la ley. El artículo 14 establece los criterios generales de actuación de los poderes públicos. La opción d) dice literalmente “implantación de un lenguaje sexista”, cuando el mandato de la ley es diametralmente opuesto: la implantación de un lenguaje no sexista.
Por qué no son correctas las demás (como distractores de la incorrecta)
Las opciones a), b) y c) deben descartarse porque son afirmaciones CIERTAS contenidas expresamente en el articulado de la norma como principios rectores de actuación.
Según el Real Decreto 311/2022, ¿qué regula el Real Decreto 311/2022?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: RD 311/2022Es una pregunta de conocimiento puramente estructural y de nomenclatura. El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, es precisamente la norma que regula y por la que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). La opción b) es la correcta e indudable.
Por qué no son correctas las demás
- a) y c) Hacen alusión a Protección de Datos (RGPD es un Reglamento Europeo y en España se complementa con la LO 3/2018). El ENS es paralelo, toca la ciberseguridad y la protección de la información, pero no es la normativa general de protección de datos personales.
- d) No existe normativamente en España un texto consolidado con el título específico de “Ley de Ciberseguridad” asignado a este número de Real Decreto.
Según lo establecido en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿quién está obligado a mantener la confidencialidad de los datos personales?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley Orgánica 3/2018, artículo 5El artículo 5 de la LOPDGDD, dedicado al deber de confidencialidad, establece de forma exhaustiva que este deber recae sobre los responsables, los encargados del tratamiento, y se extiende a todas las personas que intervengan en cualquier fase del mismo (trabajadores, consultores externos, personal técnico, etc.). Por tanto, la respuesta a) abarca fielmente el rigor de la norma.
Por qué no son correctas las demás
- b), c) y d) Adolecen del mismo error restrictivo. Usan el adverbio “Solo” para excluir a terceros intervinientes (un informático o un auxiliar administrativo, por ejemplo), rompiendo la cadena de confidencialidad exigida por la ley.
Según la Ley 38/2015, ¿a quién corresponde la elaboración, aprobación y publicación de la Declaración de la Red?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, art. 23.1.gLa pregunta evalúa el conocimiento sobre los órganos competentes del sector ferroviario. Según la Ley 38/2015, entre las funciones propias del administrador de infraestructuras ferroviarias (en nuestro caso, ADIF y ADIF-AV) se encuentra inequívocamente la de elaborar, aprobar y publicar la Declaración sobre la Red (opción b).
Por qué no son correctas las demás
- a) y c) Atribuyen una función eminentemente técnico-operativa y comercial al Ministerio o al Gobierno (órganos de tutela y dirección política), lo cual es erróneo.
- d) La AESF (Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria) se encarga de la certificación, supervisión y regulación de la seguridad, pero el catálogo de servicios, descripción de infraestructuras y procesos de adjudicación de capacidad (contenido de la Declaración) es tarea del Administrador.
Según se recoge en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, según el artículo 54, sobre principios de conducta, el empleado público:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: TREBEP (RD Legislativo 5/2015), artículo 54Dentro de los principios de conducta del EBEP se regula el comportamiento ético del empleado público. La opción b) es el calco directo de la norma: se impone el rechazo de cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas, exceptuando únicamente aquellos que formen parte de los usos habituales, sociales y de cortesía institucional.
Por qué no son correctas las demás
- a) Es falso que se pueda aceptar cualquier regalo solo porque “no sea dinero”. Un reloj de oro o un viaje, aunque no sean efectivo, están estrictamente prohibidos y suponen una falta disciplinaria (y un posible ilícito penal por cohecho).
- c) Va contra toda lógica laboral; por supuesto que deben observar las normas de PRL.
- d) Falso. Los empleados públicos pueden tener vida fuera de su jornada y realizar actividades, siempre que se ajusten a la Ley 53/1984 de Incompatibilidades.
Señalar de los siguientes principios, cuál de ellos está previsto en la Ley 40/2015 en el ejercicio de la potestad sancionadora:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley 40/2015, Título Preliminar (arts. 25 y ss.)La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público codificó los principios de la potestad sancionadora. El Principio de Legalidad (opción a) es el pilar número uno establecido en el artículo 25 (nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa según la legislación aplicable).
Por qué no son correctas las demás
- b) Aunque la celeridad es un principio del procedimiento administrativo general (Ley 39/2015), no figura catalogado como principio de la potestad sancionadora en la Ley 40/2015.
- c) La regla general es la Irretroactividad de las normas desfavorables, no la retroactividad. (Solo cabe retroactividad de las favorables).
- d) La “Inmediación Judicial” pertenece al Derecho Procesal (juzgados), no al ámbito de la Administración Pública que sanciona administrativamente.
El Reglamento Delegado 2018/762 de la Comisión de 8 de marzo señala que se entenderá por “Organismo de Certificación de la Seguridad”:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Reglamento Delegado (UE) 2018/762Esta pregunta evalúa definiciones puras de normativa europea. Según este Reglamento sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad, el Organismo de Certificación de la Seguridad se define literalmente como el encargado de expedir el certificado de seguridad único (opción c). Dependiendo del ámbito, este ente puede ser la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) o una autoridad nacional (en España, la AESF).
Por qué no son correctas las demás
- a) Se refiere a la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), que es independiente del certificador.
- b) y d) Son definiciones inventadas o distorsionadas de actividades conexas pero que no corresponden a la definición legal de este “Organismo” en el reglamento comunitario citado.
La importancia de un cambio en el sistema ferroviario que repercuta en la seguridad se decidirá en función de los siguientes criterios según el Reglamento 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Reglamento de Ejecución (UE) 402/2013, artículo 4Este Reglamento regula el Método Común de Seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. Al evaluar un cambio en la red o en las operativas, el proponente debe decidir si el cambio es “significativo” o no. El artículo 4 lista un conjunto de 6 criterios expertos, transcritos fielmente en la opción a): Consecuencia del fallo, Innovación, Complejidad, Supervisión, Reversibilidad y Adicionalidad.
Por qué no son correctas las demás
- b) y d) El uso de la palabra “exclusivamente” delata que son opciones limitantes y falsas, ya que ignoran la evaluación multifactorial que exige la Unión Europea.
- c) Clasificar un cambio con impacto en la seguridad nunca es una “decisión potestativa” (al libre albedrío) de un directivo. Debe sujetarse al rigor paramétrico del citado artículo 4.
El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984 para desempeñar una actividad privada, ¿qué autorización debe solicitar?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley 53/1984, de IncompatibilidadesAviso importante como preparador: Esta pregunta exige un alto conocimiento del entramado legal. La regla y régimen general es que SÍ se necesita solicitar compatibilidad previa. Sin embargo, la ley estipula excepciones muy tasadas donde un empleado público puede actuar sin requerir trámite. La opción d) recoge una de estas excepciones legales: no se necesita autorización para el mero ejercicio de “actividades particulares en ejercicio de un derecho legalmente reconocido” (por ejemplo, administrar tu propio patrimonio o asistir a asambleas de tu comunidad de vecinos).
Por qué no son correctas las demás
- a) Es rotundamente falsa. El régimen general de la ley es restrictivo: se requiere reconocimiento previo de compatibilidad para casi cualquier segunda actividad.
- b) y c) Ser autónomo (cuenta propia) o contratado por otra empresa (cuenta ajena) exige ineludiblemente tramitar y obtener la resolución de compatibilidad para asegurar que no chocan los intereses ni se solapan jornadas con lo público.
En casos de urgente necesidad, ¿qué decisiones puede adoptar el Presidente según el Estatuto del ADIF?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ADIFEl Estatuto orgánico de ADIF otorga competencias ejecutivas al Presidente, pero de forma tutelada por el Consejo de Administración. Ante supuestos excepcionales de “urgente necesidad”, el Presidente adquiere potestad ejecutiva extraordinaria para tomar decisiones que originariamente pertenecen al Consejo (opción b). Sin embargo, el contrapeso legal obliga a que esas decisiones sean sometidas a la ratificación del propio Consejo en la siguiente sesión que se celebre.
Por qué no son correctas las demás
- a) El Presidente no tiene poder para “remover” o cesar a los miembros del Consejo, ya que su nombramiento depende de estamentos ministeriales.
- c) y d) Modificar el régimen jurídico o el propio Estatuto de la Entidad son actos legislativos y reglamentarios de alto nivel (vía Real Decreto del Gobierno a propuesta de los Ministerios competentes), totalmente fuera del alcance unilateral del Presidente de ADIF.
Según la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes trámites NO pone fin al procedimiento?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley 39/2015 (PACAP), artículo 84 (Terminación) vs. InstrucciónLa Ley 39/2015 establece en su Título IV las fases del procedimiento. El “Trámite de audiencia” (opción b) se inserta dentro de la fase de instrucción, es el momento en que se da vista del expediente a los interesados para que aleguen, inmediatamente antes de dictar la propuesta de resolución. Es un paso procesal, pero NO finaliza el procedimiento.
Por qué no son correctas las demás
El enunciado pide la que “NO” pone fin, por lo tanto, las opciones A, C y D deben descartarse porque SÍ finalizan un procedimiento administrativo, tal como detalla el artículo 84:
- a) La resolución: Es el final normal del procedimiento, donde la Administración decide sobre el fondo del asunto.
- c) La caducidad: Final anormal por inactividad.
- d) El desistimiento: Final anormal por voluntad de la persona interesada de abandonar su solicitud.
Bloque de Preguntas de Reserva (52-54)
Recuerda: el tribunal de ADIF tira de reservas para cubrir anulaciones. Evaluarlas es clave porque muestran el interés institucional en apuntalar ciertas normas, en este caso, Contratos, Seguridad IT e Infraestructuras.
¿Qué establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en términos de obligatoriedad de las modificaciones contractuales?
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Ley 9/2017 LCSP, artículo 206Esta reserva obliga a diferenciar entre modificaciones que vinculan al contratista y modificaciones que exigen su consentimiento. La opción c) es correcta porque la LCSP dispone que, cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, solo podrá acordarse con su conformidad por escrito.
Por qué no son correctas las demás
- a) Añade una excepción de fuerza mayor que no es la regla formulada en este punto.
- b) Es demasiado absoluta: la ley no dice que nunca sean obligatorias.
- d) Intenta apoyarse en el límite cuantitativo, pero simplifica indebidamente el régimen legal.
El Esquema Nacional de Seguridad establece que la auditoría de seguridad, con carácter extraordinario, deberá realizarse:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: RD 311/2022 / Esquema Nacional de SeguridadLa auditoría extraordinaria del ENS se activa por razón de cambio relevante, no por simple rutina temporal. La opción b) es correcta porque conecta la auditoría con la existencia de modificaciones sustanciales en los sistemas de información que puedan afectar a las medidas de seguridad exigidas.
Por qué no son correctas las demás
- a) Invierte el supuesto legal y dice justo lo contrario de lo exigido.
- c) Confunde una auditoría extraordinaria con una periodicidad anual fija.
- d) Niega una posibilidad expresamente contemplada por el sistema.
Acorde con lo indicado en la Declaración sobre la Red 2026 de Adif, las tarifas de los cánones ferroviarios se determinarán:
Justificación de la respuesta correcta
Normativa de referencia: Declaración sobre la Red 2026 de AdifLa opción a) es la correcta porque describe la vía formal de determinación de los cánones según la documentación de red: aprobación reglamentaria por el administrador de infraestructuras a través de su Consejo de Administración, publicación en el BOE e incorporación de los valores a la Declaración sobre la Red.
Por qué no son correctas las demás
- b) Sitúa a la CNMC como fijador directo de los cánones en unos términos que no recoge esta regulación.
- c) Menciona una directiva marco, pero no responde al mecanismo concreto de determinación.
- d) Traslada indebidamente la aprobación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Convierte cada pregunta en una ventaja competitiva
La clave no es solo saber qué letra era la correcta, sino entender el razonamiento jurídico que hay detrás. En JC Oposiciones Ferroviarias trabajamos precisamente esa capa que marca diferencias reales en el examen.
Prepárate con JC Oposiciones FerroviariasPreguntas frecuentes sobre este examen resuelto de legislación ADIF
Entraron 15 preguntas oficiales y 3 preguntas de reserva dentro del bloque de conocimiento general.
Sí. El examen oficial mostró una distribución extraordinariamente equilibrada: una pregunta por cada bloque del temario general.
Sobre todo, órganos competentes mal cambiados, plazos alterados, adverbios absolutos como “solo”, “únicamente” o “exclusivamente”, y formulaciones casi literales que se desvían en una palabra clave.
No siempre el número, pero sí la estructura exacta de la norma: competencias, definiciones, listas cerradas, límites y excepciones.
Sí, porque pueden entrar en juego si se anula una oficial y además revelan qué normas siguen reforzadas en la mente del tribunal.
El blog estratégico te orienta sobre prioridades y enfoque global; este artículo te enseña a resolver el examen real, pregunta a pregunta, con razonamiento jurídico y descarte técnico.
Este análisis se ha elaborado a partir del cuadernillo del examen OEP 2025 facilitado por ADIF en su convocatoria oficial, la plantilla de respuestas de las preguntas 37 a 54 y el análisis jurídico-pedagógico propio de JC Oposiciones Ferroviarias. El objetivo es didáctico y estratégico. Como siempre, futuras convocatorias pueden variar en peso, formulación o selección de normas.